La Manada somos nosotras
Respuesta a la sentencia de La Manada
Llamamiento Andrea y Lunes Lilas
Compartimos llamamiento por el juicio Violencia Sexual en los San Fermines.
Feminario Veo-Actúo-Cambio
Desde la Federación Agora nos invitan a su feminario que tendrá lugar todos los jueves de éste mes.
Invitación Charla
Invitación a la charla: La coeducación como acción preventiva de la desigualdad y la violencia.
Presentación Libro
Desde Forum de Política Feminista de Málaga nos invita a la presentación de "Las organizaciones Feministas ante el cambio generacional y político 2011-2016"
martes, 19 de agosto de 2014
sábado, 9 de agosto de 2014
Concentración en repulsa de otro asesinato machista
Hoy, la Plataforma Violencia Cero nos convoca a una concentración en la plaza de la Constitución para denunciar el asesinato de otra mujer en Torrox.
Será a las 20:00h
En la Plaza de la Constitución de Málaga.
Agradecemos la difusión y contamos con tu presencia.
Será a las 20:00h
En la Plaza de la Constitución de Málaga.
Agradecemos la difusión y contamos con tu presencia.
Concentración en repulsa de otro asesinato machista
Hoy, la Plataforma Violencia Cero nos convoca a una concentración en la plaza de la Constitución para denunciar el asesinato de otra mujer en Torrox.
Será a las 20:00h
En la Plaza de la Constitución de Málaga.
Agradecemos la difusión y contamos con tu presencia.
Será a las 20:00h
En la Plaza de la Constitución de Málaga.
Agradecemos la difusión y contamos con tu presencia.
Concentración en repulsa de otro asesinato machista
Hoy, la Plataforma Violencia Cero nos convoca a una concentración en la plaza de la Constitución para denunciar el asesinato de otra mujer en Torrox.
Será a las 20:00h
En la Plaza de la Constitución de Málaga.
Agradecemos la difusión y contamos con tu presencia.
Será a las 20:00h
En la Plaza de la Constitución de Málaga.
Agradecemos la difusión y contamos con tu presencia.
¿QUIÉNES SON LAS MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO?
Ni la edad, ni la formación académica, ni la nacionalidad, ni la profesión, ni la ideología política, ni la clase social… sirven como señas de identidad que permitan “clasificar” a las mujeres que son asesinadas por sus parejas o ex parejas. No son “las otras” las que mueren, somos “nosotras”, somos todas, las potenciales víctimas de la violencia de género. No podemos escudarnos en un ningún tipo de espejismo. La brutal realidad nos recuerda, tristemente con la pérdida de la vida de una mujer más, que nuestra amiga, nuestra vecina, nuestra profesora, nuestra madre, nuestra compañera de trabajo, sindicato o partido, o nosotras mismas, somos víctimas potenciales de violencia de género, por el solo hecho de ser mujeres.
Basta mirar, por si nos queda alguna duda, o intentábamos que aún nos sirviese el autoengaño, a los datos de las mujeres asesinadas en Andalucía durante los últimos meses:
Una sindicalista curtida en la defensa de los derechos, una joven profesora entusiasta y amante de su profesión, una arqueóloga recientemente nombrada directora de museo, una mujer muy joven que se creía a salvo por haber vuelto a la casa familiar… Cualquiera de ellas podría ser una de nosotras. Cualquiera de nosotras que hoy nos manifestamos, nos indignamos, o escribimos o leemos estas letras, podríamos ser ellas.
Ninguna víctima de violencia de género es un caso aislado. No son muertes accidentales, ni las mujeres asesinadas responden a un patrón determinado. La violencia de género sigue estando presente en nuestra sociedad, con formas más sutiles, disimulada en ocasiones bajo micromachismos de nuevo cuño, permitida en páginas de Internet que divulgan conceptos ponzoñosos contra las mujeres que reclamamos el derecho inviolable a la libertad y la dignidad como personas. Pero sigue presente, como una lluvia fina que cala hondo y moldea creencias y comportamientos. Tampoco los asesinos de las mujeres son casos aislados, extraños, enfermos, sino hombres producto de un sistema patriarcal que pone las bases para que crezcan con las creencias y las actitudes que les llevan a creerse con derecho a ser dueños de la vida de las mujeres.
Por todo ello, es imprescindible aplicar de verdad la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no sólo en todo lo que significa protección real de las mujeres ante la más mínima señal de violencia, sino también en lo relativo a sensibilización de toda la sociedad, formación de profesionales y prevención en el campo de la educación.
En cada mujer humillada, discriminada, violada, insultada, asesinada, todas somos agredidas. Pero también cada mujer que da un paso al frente contribuye a la libertad de todas las mujeres. Somos la mitad de la humanidad, somos fuertes y sabias, y necesitamos permanentemente la herramienta política de la sororidad para derribar estos muros de la vergüenza que aún aprisionan a las mujeres, a todas nosotras, aquí y ahora.
Pilar Iglesias Aparicio
¿QUIÉNES SON LAS MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO?
Ni la edad, ni la formación académica, ni la nacionalidad, ni la profesión, ni la ideología política, ni la clase social… sirven como señas de identidad que permitan “clasificar” a las mujeres que son asesinadas por sus parejas o ex parejas. No son “las otras” las que mueren, somos “nosotras”, somos todas, las potenciales víctimas de la violencia de género. No podemos escudarnos en un ningún tipo de espejismo. La brutal realidad nos recuerda, tristemente con la pérdida de la vida de una mujer más, que nuestra amiga, nuestra vecina, nuestra profesora, nuestra madre, nuestra compañera de trabajo, sindicato o partido, o nosotras mismas, somos víctimas potenciales de violencia de género, por el solo hecho de ser mujeres.
Basta mirar, por si nos queda alguna duda, o intentábamos que aún nos sirviese el autoengaño, a los datos de las mujeres asesinadas en Andalucía durante los últimos meses:
Una sindicalista curtida en la defensa de los derechos, una joven profesora entusiasta y amante de su profesión, una arqueóloga recientemente nombrada directora de museo, una mujer muy joven que se creía a salvo por haber vuelto a la casa familiar… Cualquiera de ellas podría ser una de nosotras. Cualquiera de nosotras que hoy nos manifestamos, nos indignamos, o escribimos o leemos estas letras, podríamos ser ellas.
Ninguna víctima de violencia de género es un caso aislado. No son muertes accidentales, ni las mujeres asesinadas responden a un patrón determinado. La violencia de género sigue estando presente en nuestra sociedad, con formas más sutiles, disimulada en ocasiones bajo micromachismos de nuevo cuño, permitida en páginas de Internet que divulgan conceptos ponzoñosos contra las mujeres que reclamamos el derecho inviolable a la libertad y la dignidad como personas. Pero sigue presente, como una lluvia fina que cala hondo y moldea creencias y comportamientos. Tampoco los asesinos de las mujeres son casos aislados, extraños, enfermos, sino hombres producto de un sistema patriarcal que pone las bases para que crezcan con las creencias y las actitudes que les llevan a creerse con derecho a ser dueños de la vida de las mujeres.
Por todo ello, es imprescindible aplicar de verdad la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no sólo en todo lo que significa protección real de las mujeres ante la más mínima señal de violencia, sino también en lo relativo a sensibilización de toda la sociedad, formación de profesionales y prevención en el campo de la educación.
En cada mujer humillada, discriminada, violada, insultada, asesinada, todas somos agredidas. Pero también cada mujer que da un paso al frente contribuye a la libertad de todas las mujeres. Somos la mitad de la humanidad, somos fuertes y sabias, y necesitamos permanentemente la herramienta política de la sororidad para derribar estos muros de la vergüenza que aún aprisionan a las mujeres, a todas nosotras, aquí y ahora.
Pilar Iglesias Aparicio
¿QUIÉNES SON LAS MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO?
Ni la edad, ni la formación académica, ni la nacionalidad, ni la profesión, ni la ideología política, ni la clase social… sirven como señas de identidad que permitan “clasificar” a las mujeres que son asesinadas por sus parejas o ex parejas. No son “las otras” las que mueren, somos “nosotras”, somos todas, las potenciales víctimas de la violencia de género. No podemos escudarnos en un ningún tipo de espejismo. La brutal realidad nos recuerda, tristemente con la pérdida de la vida de una mujer más, que nuestra amiga, nuestra vecina, nuestra profesora, nuestra madre, nuestra compañera de trabajo, sindicato o partido, o nosotras mismas, somos víctimas potenciales de violencia de género, por el solo hecho de ser mujeres.
Basta mirar, por si nos queda alguna duda, o intentábamos que aún nos sirviese el autoengaño, a los datos de las mujeres asesinadas en Andalucía durante los últimos meses:
Una sindicalista curtida en la defensa de los derechos, una joven profesora entusiasta y amante de su profesión, una arqueóloga recientemente nombrada directora de museo, una mujer muy joven que se creía a salvo por haber vuelto a la casa familiar… Cualquiera de ellas podría ser una de nosotras. Cualquiera de nosotras que hoy nos manifestamos, nos indignamos, o escribimos o leemos estas letras, podríamos ser ellas.
Ninguna víctima de violencia de género es un caso aislado. No son muertes accidentales, ni las mujeres asesinadas responden a un patrón determinado. La violencia de género sigue estando presente en nuestra sociedad, con formas más sutiles, disimulada en ocasiones bajo micromachismos de nuevo cuño, permitida en páginas de Internet que divulgan conceptos ponzoñosos contra las mujeres que reclamamos el derecho inviolable a la libertad y la dignidad como personas. Pero sigue presente, como una lluvia fina que cala hondo y moldea creencias y comportamientos. Tampoco los asesinos de las mujeres son casos aislados, extraños, enfermos, sino hombres producto de un sistema patriarcal que pone las bases para que crezcan con las creencias y las actitudes que les llevan a creerse con derecho a ser dueños de la vida de las mujeres.
Por todo ello, es imprescindible aplicar de verdad la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no sólo en todo lo que significa protección real de las mujeres ante la más mínima señal de violencia, sino también en lo relativo a sensibilización de toda la sociedad, formación de profesionales y prevención en el campo de la educación.
En cada mujer humillada, discriminada, violada, insultada, asesinada, todas somos agredidas. Pero también cada mujer que da un paso al frente contribuye a la libertad de todas las mujeres. Somos la mitad de la humanidad, somos fuertes y sabias, y necesitamos permanentemente la herramienta política de la sororidad para derribar estos muros de la vergüenza que aún aprisionan a las mujeres, a todas nosotras, aquí y ahora.
Pilar Iglesias Aparicio
lunes, 4 de agosto de 2014
La ONU condena a España a través del Comité CEDAW
Hoy podíamos leer el siguiente artículo en el diario El País:
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado a España por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación. La mujer, Ángela González, había denunciado a su exmarido en 30 ocasiones por amenazas y agresiones y se había opuesto a que viera sin supervisión a la niña. Pese a ello, el hombre mató a la pequeña Andrea y después se suicidó.
El CEDAW, que se ocupa del cumplimiento del tratado que prohíbe la discriminación de la mujer —que España ha firmado y ratificado—, ha emitido un dictamen vinculante en el que indica que la Administración española debe indemnizar “de manera proporcional” a Ángela y expone que el Estado español actuó de manera negligente: no las protegió ni a ella ni a su hija; tampoco la indemnizaron por el daño irreparable sufrido. Es la primera vez que un organismo internacional falla contra España por un caso de violencia de género. “La condena es contundente. El CEDAW dice claramente que las negligencias de la Administración de Justicia llevaron a la muerte de Andrea”, apunta Viviana Waisman, directora de Women’s Link Worldwide, la organización que ha llevado el caso hasta la ONU.
Ángela González había huido de su casa en 1999 con su hija de tres años. Llevaba sufriendo malos tratos desde que se quedó embarazada, cuando denunció por primera vez a su marido. Pese a irse, las agresiones siguieron. En el proceso de divorcio, el juez concedió al padre un régimen de visitas tutelado. Pero dos años después, sin atender la recomendación del equipo de servicios sociales que supervisaba esos encuentros, el juez aceptó un recurso del hombre y permitió que viera a la niña a solas. Una docena de vistas más tarde, el hombre la mató de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid).
Tras lo ocurrido, Ángela denunció que la Administración, a la que había alertado, no había protegido a su hija. Perdió en todas las instancias. Entonces decidió acudir al CEDAW.
La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, ha admitido hoy que “no se dio la protección que hubiese podido prevenir esta muerte”, aunque recordó que desde entonces España “ha evolucionado mucho”, sobre todo gracias a la Ley contra la Violencia de Género de 2004.
La Administración tiene ahora seis meses para abrir un procedimiento sobre el caso, determinar la indemnización y también para difundir el dictamen “a todos los públicos relevantes”, indica la CEDAW. La resolución, además, recomienda a España que todos los jueces y personal judicial sigan cursos para evitar los estereotipos de género. Estos, indica Waisman, más la idea de que para los niños siempre es mejor conservar la relación con el padre, aunque sea un maltratador, provocan situaciones como la de Ángela.
Según el Consejo General del Poder Judicial, los jueces solo dictaminan la suspensión del régimen de visitas en el 3% de los casos de violencia de género. “Esto demuestra que en la práctica persisten los estereotipos y la misma falta de credibilidad en la madre que propiciaron aquel crimen. Hay que derribar la idea de que un maltratador no es obligatoriamente un mal padre: lo es desde el momento que hace daño a la madre. Y acabar también con la idea de que las madres utilizan las denuncias por violencia para sacar beneficios en los divorcios o quitar la custodia a los padres”, subraya Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Varios colectivos, como la Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Progresistas, insistieron ayer en esto, y pidieron al Gobierno medidas para que los jueces restrinjan o prohíban, de manera obligatoria y no potestativa, los regímenes de visita de los acusados y condenados por violencia de género.
La ONU condena a España a través del Comité CEDAW
Hoy podíamos leer el siguiente artículo en el diario El País:
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado a España por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación. La mujer, Ángela González, había denunciado a su exmarido en 30 ocasiones por amenazas y agresiones y se había opuesto a que viera sin supervisión a la niña. Pese a ello, el hombre mató a la pequeña Andrea y después se suicidó.
El CEDAW, que se ocupa del cumplimiento del tratado que prohíbe la discriminación de la mujer —que España ha firmado y ratificado—, ha emitido un dictamen vinculante en el que indica que la Administración española debe indemnizar “de manera proporcional” a Ángela y expone que el Estado español actuó de manera negligente: no las protegió ni a ella ni a su hija; tampoco la indemnizaron por el daño irreparable sufrido. Es la primera vez que un organismo internacional falla contra España por un caso de violencia de género. “La condena es contundente. El CEDAW dice claramente que las negligencias de la Administración de Justicia llevaron a la muerte de Andrea”, apunta Viviana Waisman, directora de Women’s Link Worldwide, la organización que ha llevado el caso hasta la ONU.
Ángela González había huido de su casa en 1999 con su hija de tres años. Llevaba sufriendo malos tratos desde que se quedó embarazada, cuando denunció por primera vez a su marido. Pese a irse, las agresiones siguieron. En el proceso de divorcio, el juez concedió al padre un régimen de visitas tutelado. Pero dos años después, sin atender la recomendación del equipo de servicios sociales que supervisaba esos encuentros, el juez aceptó un recurso del hombre y permitió que viera a la niña a solas. Una docena de vistas más tarde, el hombre la mató de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid).
Tras lo ocurrido, Ángela denunció que la Administración, a la que había alertado, no había protegido a su hija. Perdió en todas las instancias. Entonces decidió acudir al CEDAW.
La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, ha admitido hoy que “no se dio la protección que hubiese podido prevenir esta muerte”, aunque recordó que desde entonces España “ha evolucionado mucho”, sobre todo gracias a la Ley contra la Violencia de Género de 2004.
La Administración tiene ahora seis meses para abrir un procedimiento sobre el caso, determinar la indemnización y también para difundir el dictamen “a todos los públicos relevantes”, indica la CEDAW. La resolución, además, recomienda a España que todos los jueces y personal judicial sigan cursos para evitar los estereotipos de género. Estos, indica Waisman, más la idea de que para los niños siempre es mejor conservar la relación con el padre, aunque sea un maltratador, provocan situaciones como la de Ángela.
Según el Consejo General del Poder Judicial, los jueces solo dictaminan la suspensión del régimen de visitas en el 3% de los casos de violencia de género. “Esto demuestra que en la práctica persisten los estereotipos y la misma falta de credibilidad en la madre que propiciaron aquel crimen. Hay que derribar la idea de que un maltratador no es obligatoriamente un mal padre: lo es desde el momento que hace daño a la madre. Y acabar también con la idea de que las madres utilizan las denuncias por violencia para sacar beneficios en los divorcios o quitar la custodia a los padres”, subraya Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Varios colectivos, como la Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Progresistas, insistieron ayer en esto, y pidieron al Gobierno medidas para que los jueces restrinjan o prohíban, de manera obligatoria y no potestativa, los regímenes de visita de los acusados y condenados por violencia de género.
La ONU condena a España a través del Comité CEDAW
Hoy podíamos leer el siguiente artículo en el diario El País:
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado a España por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación. La mujer, Ángela González, había denunciado a su exmarido en 30 ocasiones por amenazas y agresiones y se había opuesto a que viera sin supervisión a la niña. Pese a ello, el hombre mató a la pequeña Andrea y después se suicidó.
El CEDAW, que se ocupa del cumplimiento del tratado que prohíbe la discriminación de la mujer —que España ha firmado y ratificado—, ha emitido un dictamen vinculante en el que indica que la Administración española debe indemnizar “de manera proporcional” a Ángela y expone que el Estado español actuó de manera negligente: no las protegió ni a ella ni a su hija; tampoco la indemnizaron por el daño irreparable sufrido. Es la primera vez que un organismo internacional falla contra España por un caso de violencia de género. “La condena es contundente. El CEDAW dice claramente que las negligencias de la Administración de Justicia llevaron a la muerte de Andrea”, apunta Viviana Waisman, directora de Women’s Link Worldwide, la organización que ha llevado el caso hasta la ONU.
Ángela González había huido de su casa en 1999 con su hija de tres años. Llevaba sufriendo malos tratos desde que se quedó embarazada, cuando denunció por primera vez a su marido. Pese a irse, las agresiones siguieron. En el proceso de divorcio, el juez concedió al padre un régimen de visitas tutelado. Pero dos años después, sin atender la recomendación del equipo de servicios sociales que supervisaba esos encuentros, el juez aceptó un recurso del hombre y permitió que viera a la niña a solas. Una docena de vistas más tarde, el hombre la mató de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid).
Tras lo ocurrido, Ángela denunció que la Administración, a la que había alertado, no había protegido a su hija. Perdió en todas las instancias. Entonces decidió acudir al CEDAW.
La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, ha admitido hoy que “no se dio la protección que hubiese podido prevenir esta muerte”, aunque recordó que desde entonces España “ha evolucionado mucho”, sobre todo gracias a la Ley contra la Violencia de Género de 2004.
La Administración tiene ahora seis meses para abrir un procedimiento sobre el caso, determinar la indemnización y también para difundir el dictamen “a todos los públicos relevantes”, indica la CEDAW. La resolución, además, recomienda a España que todos los jueces y personal judicial sigan cursos para evitar los estereotipos de género. Estos, indica Waisman, más la idea de que para los niños siempre es mejor conservar la relación con el padre, aunque sea un maltratador, provocan situaciones como la de Ángela.
Según el Consejo General del Poder Judicial, los jueces solo dictaminan la suspensión del régimen de visitas en el 3% de los casos de violencia de género. “Esto demuestra que en la práctica persisten los estereotipos y la misma falta de credibilidad en la madre que propiciaron aquel crimen. Hay que derribar la idea de que un maltratador no es obligatoriamente un mal padre: lo es desde el momento que hace daño a la madre. Y acabar también con la idea de que las madres utilizan las denuncias por violencia para sacar beneficios en los divorcios o quitar la custodia a los padres”, subraya Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Varios colectivos, como la Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Progresistas, insistieron ayer en esto, y pidieron al Gobierno medidas para que los jueces restrinjan o prohíban, de manera obligatoria y no potestativa, los regímenes de visita de los acusados y condenados por violencia de género.
